Coatepec en tensión: denuncias por corrupción, represión y daño ambiental marcan el cierre de administración

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Coatepec atraviesa un cierre de administración marcado por el descontento social, la opacidad institucional y un deterioro ambiental que golpea con mayor fuerza a las comunidades rurales. Habitantes, trabajadores y organizaciones locales coinciden en un diagnóstico común: el gobierno municipal privilegia obras en el centro histórico mientras ignora problemas urgentes que comprometen la vida colectiva.

Las alertas comenzaron a finales de 2024, cuando el alcalde Raymundo Andrade Rivera lanzó amenazas públicas contra integrantes del movimiento antorchista que preparaban manifestaciones por servicios básicos. La intención de frenar la protesta social encendió advertencias sobre posibles actos de represión. A inicios de 2025 esas advertencias se materializaron: trabajadores de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento denunciaron hostigamiento laboral, despidos injustificados y presiones desde el área jurídica del ayuntamiento. La cifra de afectados superaría las 90 personas entre sindicalizados y de confianza. Los testimonios apuntan a un aparato interno marcado por corrupción, uso político de los recursos y una estructura de poder que opera sin contrapesos.

En paralelo, la falta de obra pública en colonias rurales y populares se volvió una constante. Vecinas y vecinos documentan calles intransitables, drenajes colapsados y un servicio de agua cada vez más irregular. El contraste con el centro histórico, donde se concentran las inversiones, alimenta la percepción de un gobierno que beneficia zonas turísticas mientras deja en el abandono a la población trabajadora.

La tensión también se refleja en el espacio público. Comerciantes y grupos ciudadanos denunciaron agresiones, decomisos y desalojos ordenados desde el ayuntamiento. Las protestas por tarifas de agua, servicios básicos y exigencias de transparencia han sido contenidas con fuerza, reforzando la idea de un gobierno intolerante a la movilización social.

A estos conflictos se suma una crisis ambiental agravada. En diversas comunidades se han levantado denuncias desde hace meses por contaminación de mantos acuíferos con agrotóxicos, especialmente en zonas donde avanzan monocultivos y prácticas agrícolas intensivas sin supervisión. Habitantes exigen estudios independientes y medidas de contención ante el riesgo para la salud y el ecosistema.

El problema de los residuos sólidos tampoco ha sido atendido. En varias colonias, la basura se acumula por semanas, generando focos de infección y afectaciones al paisaje natural. En la comunidad de Puerto Rico, vecinas y vecinos denunciaron un tiradero clandestino tolerado por las autoridades municipales. El sitio opera sin control, afectando suelos, arroyos y territorios de uso comunitario.

En La Laguna, el escenario es distinto pero igual de grave. Organizaciones locales documentaron que el ayuntamiento permitió la sobreexplotación de bancos de arena, una práctica que ha degradado suelos, modificado el paisaje y debilitado las barrancas y corrientes naturales. Habitantes acusan que esta actividad fue autorizada sin considerar los impactos socioambientales y sin una estrategia para frenar el deterioro provocado.

En conjunto, estas denuncias revelan un municipio fracturado. Para amplios sectores sociales, la administración de Raymundo Andrade Rivera opera con opacidad, autoritarismo y desatención estructural. La combinación de corrupción, represión y crisis ambiental profundiza la desigualdad entre el centro urbano y las comunidades rurales.

La demanda ciudadana es clara: frenar la impunidad, atender las denuncias ambientales, garantizar servicios básicos y asegurar que el territorio se proteja y no se siga degradando. Mientras tanto, Coatepec avanza hacia el cierre de gobierno en medio de un escenario donde la distancia entre autoridad y comunidad se ensancha cada día más.