La Designación de la Comisión Estatal de Búsqueda en Veracruz: Un Proceso Bajo Escrutinio

El nombramiento de la persona titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Veracruz se ha convertido en un tema de intenso debate público, luego de que diversos colectivos de familiares de desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil alzaran la voz para denunciar lo que consideran serias irregularidades en el proceso de selección.

El pasado 9 de diciembre de 2024, la gobernadora Norma Rocío Nahle García se comprometió públicamente con representantes de 39 colectivos de búsqueda a realizar un proceso transparente para designar al titular de este organismo clave. Sin embargo, según el pronunciamiento firmado por 18 colectivos, 10 familias independientes y decenas de organizaciones y académicos, esta promesa no se habría cumplido.

El proceso, iniciado formalmente el 28 de marzo con la publicación de la convocatoria, estaba llamado a ser un ejemplo de participación ciudadana y transparencia. No obstante, los colectivos denuncian que desde el principio estuvo marcado por la opacidad y la falta de mecanismos claros de comunicación con las partes interesadas.En el reciente comunicado dado a conocer por Colectivos y Familias de Desaparecidos en Veracruz destacan algunos puntos de inconformidad entre más controvertidos destacan:

• La convocatoria tardía e incompleta del Órgano Técnico de Consulta, figura prevista en la Ley 677, que no habría contado con la participación efectiva de las familias
• La ausencia de criterios de evaluación claros y públicos.
• La falta de publicación de las actas y resultados que respalden la idoneidad de los candidatos

La omisión de respuesta a propuestas formales presentadas por los integrantes del propio Órgano de Consulta.

"El proceso se ha visto empañado por la opacidad, la improvisación y la falta de mecanismos claros de comunicación", señala el documento, que califica como "inaceptable" la forma en que se habría impuesto la designación final.

Más allá del proceso de selección, los colectivos recordaron a la gobernadora otros compromisos pendientes adquiridos en aquella reunión de diciembre:

1. El ajuste de las medidas de ayuda para familias contenidas en la Ley Estatal de Víctimas
2. La realización de reuniones periódicas cada tres meses
3. El cese de elementos de seguridad pública señalados en investigaciones por desaparición forzada

La Comisión Estatal de Búsqueda no es un organismo cualquiera. Nacida de la exigencia social ante la crisis de desapariciones en Veracruz (con más de 7,011 casos registrados), su correcto funcionamiento es vital para miles de familias.

"Esta institución no nos fue otorgada: fue una exigencia nacida del abandono y la omisión de los gobiernos anteriores", recalcan en el pronunciamiento. Y añaden: "No estamos en condiciones de improvisación ni de ensayos; nuestras vidas, las de nuestros familiares y el derecho a la verdad y la justicia están en juego".

Hasta el momento, el gobierno estatal no ha emitido una respuesta formal a estas acusaciones. Sin embargo, la presión social sigue creciendo, especialmente considerando el simbolismo que tiene para las familias el que este proceso haya sido manejado con la máxima transparencia.

¿Crees que las familias de personas desaparecidas deberían tener voz directa en la elección de quienes dirigen organismos de búsqueda?

¿Cuando un proceso de selección de funcionarios genera desconfianza, ¿qué medidas concretas deberían tomar las autoridades para recuperar la credibilidad?